Capitulo I

"Uno está de paso por la vida". Sentenció horas antes de morir, con el último aliento. El cáncer pulmonar lo había puesto a pensar, a meditar, lo había puesto lúcido en sus últimos momentos. Nunca lo había hecho, me refiero a pensar, ni cuando estaba aliviado. La existencia de una infinidad de hijos que engendró en una infinidad de mujeres lo atormentaba. A algunos los reconoció ante notario, porque no le quedaba más remedio, a otros ni los conoció, ni supo de su existencia. Algunos, no habían cumplido la mayoría de edad, estaban muertos. Los había matado la violencia de una ciudad muerta por dentro. Eso a él lo atormentaba: los hijos no reconocidos, pero conocidos, que estaban en una tumba fría. Pobre hombre, siempre sentí lastima por él, pero al verlo reducido a un muerto viviente, esquelético, no tuve más remedio que llorar. Llorar por la desgracia humana. Ese fue mi padre, a quien amé sin saber porque pues nunca, desde luego, fue un ejemplo a seguir.

Más allá de la Seguridad Democrática: el Déficit Fiscal

Más allá de la seguridad democrática existe un mundo dominado por otros grandes enemigos del Estado de Bienestar, el déficit fiscal, el desempleo, la pobreza y la desigualdad y, claro, la inminente quiebra del sector salud. Estos cuatro aspectos fundamentales en política social son los que deberá enfrentar el nuevo presidente y no puede estar fuera de las propuestas de gobierno de los candidatos.

Hasta ahora son poco los candidatos que han hecho referencia a estos problemas, o los han tocado tangencialmente en sus pronunciamientos pues la mayoría se concentran en expresar que en materia de seguridad es la democrática la que hay que continuar. Más allá de esto hay que replantear la política económica y social del país, porque no habrá seguridad que valga mientras el déficit fiscal, la pobreza, la indigencia y la desigualdad y el desempleo no se puedan reducir apreciablemente y no haya una política clara en materia de financiamiento de la salud.

Hablemos hoy de déficit fiscal. Diferentes analistas, y el ministerio de hacienda, estiman que el déficit fiscal de gobierno para 2010 rondará el 3.5% del PIB, nosotros en la Universidad de Antioquia somos menos optimistas, pues según nuestros cálculos en 2009 el déficit fiscal estará alrededor del 4% del PIB (bajo el supuesto razonable de crecimiento cero para 2009), los intereses a la deuda se llevan 3.1% del PIB y la deuda, a tercer trimestre de 2009, alcanza el 45% del PIB. Esta es una situación grave, entre otras cosas porque el financiamiento futuro, de hecho el de corto plazo, se pone en peligro, además de afectar la calificación de riesgo y en consecuencia el grado de inversión, necesario para obtener financiamiento externo más barato, esto puede ir incluso en contra del crecimiento futuro, ya ralentizado por la crisis mundial y de la cual, pretendiendo hacernos creer lo contrario, no estábamos blindados.

El déficit fiscal es pues, sin duda, peligrosamente alto, lo peor es que no hubo una clara respuesta del gobierno actual, y me temo que el próximo no tendrá margen alguno para una política fiscal expansiva, pues hay que sumarle a éste problema la revaluación rampante que tendrá grandes efectos sobre el empleo (vía deterioro de las exportaciones), y la cual no parece que haya modo de detener pues muy probablemente ingresaran más recursos dado los grandes proyecto de explotación minera (oro, carbón y petróleo principalmente) y las remesas que deben mostrar mejoría en este año, especialmente las provenientes de Estados Unidos. Cualquier política social conducente a reducir la pobreza y poner en pié el desmadejado sistema de salud necesita gastar, gastar y gastar además de impuestos, impuestos y más impuestos, es decir un reforma tributaria a gran escalas (si más, que le vamos a hacer!!).

Señores candidatos yo les pregunto, primero, ¿en sus programas de gobierno que estrategias, si tienen alguna, proponen para detener el rampante déficit fiscal estructural, habida cuenta del tamaño actual y de los problemas que a futuro puede generar? Segundo, ¿cuál sería estrategia de su gobierno para satisfacer la demanda de tipo social como la pobreza, empleo, salud, defensa y educación, cuya solución necesita una política fiscal expansiva y que, de hecho, implica gasto público y más tributos, pero simultáneamente impedir que la revaluación dé al traste con el objetivo?.

La tarea sin duda no es fácil….

No por madrugar más amanece más rápido

Este año la puja por determinar el incremento del salario mínimo que regirá en el año 2010 comenzó mucho antes de lo esperado. La idea de la discusión sobre el incremento de marras tan anticipada viene, claro está, del Ejecutivo, en parte porque éstas decisiones toma tiempo debatirlas, y en parte porque mantiene ocupada y pendiente a la opinión pública en asuntos diferentes al Referendo o a Agro Ingreso Seguro. Pero no importa cuán anticipadamente se comience las conversaciones, sabemos cuál es el final de la discusión: quedará zanjada por el Gobierno al estipular por decreto el monto de incremento del salario mínimo. No por madrugar más amanece más rápido.

En principios, lo deseable es que la determinación del salario se rigiera por las leyes del mercado, pues el salario es el precio del “bien” trabajo y en teoría la remuneración a tal factor debe ser equivalente a la productividad (la producción adicional cada trabajador) pero enfrentamos serios problemas técnicos de medición de la productividad debido a que es difícil observarla para la mayoría de las ocupaciones.

A pesar de lo tentador que suena un mercado de trabajo libre, los economistas sabemos tres cosas fundamentales: primero, que mientras más eficiente sea el mercado menos equitativo será en términos de remuneración y de generación de empleo; segundo, el mercado no sabe de máximos o mínimos, de modo que los salarios más bajos podrían incluso ser inferiores al mínimo deseado y tercero, en Colombia abunda la mano de obra poco calificada y dejar al mercado la determinación del salario (al menos el mínimo) es contraproducente pues genera más desigualdad en el ingreso, y por consiguiente más pobreza.

Descartado el mercado de trabajo como el “lugar” natural para la determinación del salario de los trabajadores, queda o bien la negociación anticipada entre gremios y trabajadores, con el Gobierno como árbitro, o bien directamente, y sin mediación alguna, el decreto gubernamental. Este escenario de negociación busca remplazar el mercado tratando de corregir las fallas de éste. De modo que las centrales representan el lado de la oferta del mercado (trabajadores) y los demás representan los intereses del lado de la demanda de trabajo (los productores). Está claro, y las partes lo saben, que no se puede proponer incrementos del salario mínimo exagerados, por la presión que genera sobre la demanda y los precios de los demás bienes que finalmente haría inocua el exiguo incremento del salario mínimo, pero los trabajadores tampoco aceptarán incrementos inferiores a la meta de inflación.

Ahora, la meta de inflación como directriz funciona cuando ésta se alcanza. Por ejemplo en el año 2007 la meta no se cumplió (la falta de previsión y factores incontrolables como el fenómeno del niño encarecieron la canasta familiar), en consecuencia, respecto a lo que se había negociado el año 2006 los trabajadores dejaron de ganar en términos reales, es decir algo de poder adquisitivo se dejo de obtener. Este año, dirán algunos, que lo contrario ocurrió: en 2009 el incremento del salario fue equivalente a la inflación causada (y no la esperada) en 2008, 7.6%, dado que la inflación en 2009 no superará el 3%, los trabajadores ganaron un incremento real en 2009 de 4.6%.

Habida cuenta de esto, dos cosas se pueden prever. Primero que la negociación será más dura de lo normal (aunque eso no importa), pues 2009 ha sido el peor año para economía colombiana en la era Uribe II, el crecimiento del PIB estará cerca de 0%, la producción industrial y las ventas del comercio han caído drásticamente a lo largo de 2009, entre la revaluación del dólar y los problemas con Venezuela las exportaciones han sido fuertemente golpeadas, el desempleo esta disparado y hay temor en el Gobierno de que incrementos drásticos del mínimo pueda generar más desempleo. Segundo, que según las cuentas sobre la ganancia en términos reales de los trabajadores en 2009, el incremento del salario mínimo no superará, siendo muy optimistas, el mediocre 4%.

Por la defensa de la competencia

Hace poco Philip Morris International (PMI) anunció el acuerdo de adquisición del 100% de Protabaco, en cuyo caso la PMI quedaría con cerca del 90% de la producción de tabaco en Colombia. Inmediatamente la British American Tobacco, otra multinacional, especuló sobre la posibilidad de que la PMI se convierta en monopolio. No es el objetivo de este artículo discutir si la PMI se encamina hacia la posición dominante, pues sería necesario disponer de más información sobre oferta, demanda y, en especial, costos de producción.

Más interesante es analizar si la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la institución adecuada para fallar definitivamente sobre la potencial posición dominante de la PMI. La preocupación, y con razón, es que ésta decisión es responsabilidad de una institución que tiene funciones yuxtapuestas, las cuales, eventualmente, conllevan intereses opuestos. Sería más conveniente desde el punto de vista institucional que un organismo diferente de la SIC, cuya responsabilidad entre otras es dictaminar sobre fusiones, sea la encargada de defender la competencia.

La raíz de esta disyuntiva, por no llamarlo problema, es que en Colombia no existe una verdadera institución para la defensa de la competencia (y no puede ser así mientras que quienes deban defenderla sean los mismos quienes eventualmente, y no necesariamente de mala fe, podrían actuar en contra de ella) No hay que olvidar que los empresarios e inversionistas pueden hacer lobby, es parte de su trabajo sin duda, o ejercer gran presión sobre los superintendentes, lo que ha descubierto en varias ocasiones la débil institucionalidad y el poco poder de las superintendencias.

De éste bajo poder institucional tenemos ejemplos en el pasado reciente: la sonada Alianza Summa le habría costado el cargo al ex superintendente Emilio J. Archila; el ex superintendente financiero Augusto Acosta se fue del cargo, presuntamente, por plantear la necesidad de modificar el nivel de provisiones de los bancos y la tasa de usura, el instrumento de competencia de los bancos en el mercado de crédito, colmando la paciencia de los banqueros. Un último ejemplo de tal debilidad es Jairo Rubio, también ex superintendente de industria y comercio, enérgicamente se enfrentó con las grandes cementeras (acusadas de colusión) y con los bancos (por negarse, según los medios, a dar información sobre los costos de las comisiones), estos enfrentamientos lo debilitaron a él como técnico y a la Superintendencia como institución reguladora.

Mi conclusión es que debe crearse una institución técnica e independiente del ejecutivo, diferente de las superintendencias, exclusivamente para la defensa de la competencia, destinada a proteger y estimular la libre competencia y que analice, e incluso sancione, conductas distorsivas en el mercado y dictamine la existencia de posición dominante (hoy paradójicamente tarea de las comisiones de regulación). Un rasgo importante de ésta institución debe ser que las decisiones estén en cabeza de un grupo interdisciplinario, preferiblemente abogados y economistas, altamente calificados y con independencia absoluta de quien los nombre.

Publicado en el períodico El Tiempo el martes 25 de Agosto. http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/por-la-defensa-de-la-competencia_5931287-1

La Estafa Piramidal Ponzi

Hace poco fuimos testigos de la inmensa estafa que en el país se produjo con el sistema de pirámides. Mucha gente cayó en la trampa, muchos, no todos, eran de pobres y deseosos de un poco de dinero fácil. Pero lo sorprendente no es la estafa sino la ingenuidad de los mal llamados “inversores” pues éste timo hace tiempo se hace en muchas partes del mundo y deberían sentirse más que avisados. Además, el sentido común indica que no es posible, al menos, desde la racionalidad económica, invertir cierta cantidad una semana y después, a la siguiente, recibir un beneficio más que extraordinario sobre lo invertido. Es lo que hacia DMG, DRFE, Berni Madoff, People Winner y todas las “empresas” de esa calaña.

Este tipo de estafa piramidal tiene las mismas características de aquella que explota el deseo de conseguir dinero fácil, deseo que esta agazapado en el alma de la mayoría de los humanos. Este sistema de estafa funciona captando y devolviendo beneficios sospechosamente extraordinarios. El primero en idear algo muy similar fue Charles Ponzi un famoso timador italiano del siglo XIX, muy conocido por los estudiantes de economía, pues a los esquema Ponzi no escapa ni el Estado. Por ejemplo, las mesadas de nuestros jubilados hoy se pagan con el dinero de quienes cotizamos hoy. Solo que sí el sistema falla, el Estado garantiza siempre el pago de las pensiones.

De acuerdo con lo anterior, los juegos de inversión a la Ponzi funciona bajo un esquema simple: para poder dar altos beneficios, los nuevos inversionistas pagan los intereses de quienes llegaron primero. El sistema funciona hasta el infinito siempre que se garantice el flujo recursos de nuevos jugadores. En el momento en el cual que el flujo de jugadores disminuye no se pueden pagar los intereses a los antiguos, ni mucho menso devolver el dinero invertido ni por estos ni por los siguientes y el esquema de colapsa, como una pirámide de naipes. La dueña de People Winner, por ejemplo, insistía en que su fórmula se adapta al monto invertido, sus sistema funciona por ciclos y por ende no es infinito (claro lo que no dice es que deben ser son muchos ciclos, infinitos, que ya es bastante, para que su esquema funcione).

Para finalizar, la recomendación para la gente es que no lleve su dinero a personas que le prometan beneficios extraordinarios sin riesgo y en poco tiempo. A pesar de todo, los Bancos comerciales legalmente constituidos son la mejor opción, los diferentes tipos de servicios de las entidades financieras dan un rendimiento moderado, pero por lo general seguro, Las carteras colectivas, las paquetes accionarios o los CDT son un ejemplo de ello. Siempre hay que tener presente que ocasionalmente el sistema financiero puede fallar como pasó hace poco, es su naturaleza frágil y riesgoso, pero confiemos en que los dirigentes manejaran con criterio técnico la economía y tomaran las medidas adecuadas para evitar otra crisis.

Mientras tanto, nosotros mismo podemos ayudar siendo cautos. Pero ayudaría también condenas ejemplares a los estafadores, pero en eso estamos cortos, mientras Madoff es condenado en U.S.A a 150 años, Murcia en Macondo pagará 12 años y la modista dueña de People Winner fue condenada a 4 años de prisión. La diferencia salta a la vista.

Publicado en el periódico El Mundo

http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idedicion=1473&idcuerpo=4&dscuerpo=Semanales&idseccion=36&dsseccion=Domingo&idnoticia=125383&imagen=&vl=1&r=domingo.php

El irracional accidental

Dan Ariely es un reconocido Sicólogo Cognitivo y profesor visitante de Economía Conductual en la Universidad de Duke. La última edición de la revista Dinero en la sección Mangment publica un artículo sobre la irracionalidad de las personas basado en experimentos (quizá mal interpretados) del profesor Ariely. La publicación hace énfasis en que “contrario a lo postula la teoría económica, el comportamiento humano es profundamente irracional”. Esto, como economista tengo que decirlo, es equivocado, sin discutir el hecho de que la publicación es frívola y no es un ejemplo de rigor analítico.

Para empezar, la mayoría de las veces el comportamiento irracionalidad de las personas, en especial en la elección de los bienes, puede ser catalogado como un hecho accidental. Es decir, salvo aquellas personas con un problema grave de ordenación de los gustos y las necesidades, la mayoría de la gente a lo largo de la vida se puede considerar racional. Para entender este punto de vista digamos que racionalidad es simple y llanamente responder a incentivos. Por ejemplo, si se incrementa el precio de la mayoría de los bienes las personas responden consumiendo menos de dicho bien.

De modo que si racionalidad es responder a incentivos, es de esperar que la mayoría de los experimentos que analizan la racionalidad estén condenados al fracaso, o cuando menos sus resultados sean contradictorios. Pongamos como ejemplo aquel que usa Dinero para ilustrar la irracionalidad. En este experimento Ariely abre una tienda donde se vende “un chocolate por persona”. Se venden solo dos clases de productos: una trufa suiza por 0.15 centavos de dólar y una chocolatina (digamos una pequeña Jet) por 0.01 centavos de dólar. La mayoría de las personas escogió la trufa suiza, pero cuando la Jet se puso gratis la mayoría de las personas prefirió ésta a la trufa.

Varios problemas plantea este experimento. Primero, en una economía de mercado las personas pueden elegir más de un mismo bien, solo en Cuba no es así. Segundo, intrínsecamente una trufa suiza y una chocolatina Jet son dos bienes distintos, y por último, nada más racional que demandar en grandes cantidades aquellos bienes que nada nos cuesta. Los fracasos del experimento provienen simplemente que son escenarios ficticios para gente corriente, es decir, gente común es puesta en situaciones extraordinarias, lo que no es una prueba de las tendencias irracionales de las personas. Son accidentes inducidos, las personas sometidas a estos experimentos son irracionales accidentales y muy seguramente su comportamiento es transitorio.

Finalmente, la publicación termina diciendo que “una buena parte de las dificultades sociales parten de nuestra misma irracionalidad”, de nuevo una ligereza, pues una cosas es analizar la elección individual y otra la elección social. La dificultad de analizar la elección social y de proponer mecanismos de asignación de recursos colectivos parte del hecho de que no es posible agregar las preferencias individuales y de allí inferir e interpretar las necesidades sociales.

Déficit fiscal, Gasto y Equidad

Equidad es un término que puede parecer difuso, la definición varía de acuerdo al enfoque que se considere, significa varias cosas para diferentes personas, e incluso su definición varía con los intereses que se persiguen. Para los economistas equidad se relaciona con la justicia distributiva, pero equidad, en un sentido amplio, es igualdad de oportunidades para todos.

Equidad en éste último sentido no significa, por ejemplo, Universidad para todos, significa igualdad de oportunidades para acceder a ésta. Pues la educación superior no es un bien público en un sentido puro. No obstante igualdad de oportunidades para acceder a la educación superior parte del supuesto implícito de universalidad, calidad y gratuidad de la educación secundaria. Sin tener que ir a mediciones, o formulas oscuras, podemos decir que nuestra sociedad en este aspecto no es equitativa.

La salud es otro ejemplo, se sabe que el acceso a un servicios de salud con calidad (y oportunamente) da la posibilidad a las personas no solo de una esperanza de vida mayor sino de ser más productivos y la oportunidad de inserción al mercado laboral. Es decir la buena salud otorga las mismas oportunidades a todos, no obstante, tal universalidad es una entelequia y por consiguiente no hay equidad. Del mismo modo podemos hacer un examen a diversos aspectos como la justicia y la defensa, pero nuestro sistema judicial funciona a veces de manera extraña y la defensa durante muchos años ha sido cubierta en parte por diferentes grupos (legales o no).

La equidad en este sentido tiene entonces que mucho que ver con la provisión de bienes públicos por parte del Estado. En consecuencia, equidad implica un esfuerzo fiscal y en consecuencia un mayor gasto y un déficit fiscal creciente. Pero los últimos años el asistencialismo a ultranza y el bolsillo roto del ejecutivo han estimulado un gasto sin medida que ha llevado a un gran déficit fiscal del Gobierno nacional de largo plazo, que a tercer trimestre de 2007, en pleno auge de la economía, se encontraba cerca del 1.7% del PIB, según cálculos del Grupo de Macroeconomía de la Universidad de Antioquia, hoy las perspectivas son pesimistas y el déficit fiscal se expandirá de 3.7% a 4.3% el año próximo.

Hay que reconocer, sin embargo, que el tamaño del déficit fiscal actual no es un asunto solo de éste gobierno, ha sido responsabilidad de un Estado limosnero, que durante años ha gastado a manos llenas, y de las promesas electoreras tanto del pasado como del presente. La educación, la salud y la defensa y la justicia en particular, es lo que justifica la existencia de un Estado y su objetivo es buscar la justicia y la equidad que no logran los mercados competitivos. Esto, por supuesto, se traduce en un gasto creciente y permanente del gobierno nacional.

No nos debe sorprender pues la magnitud del déficit, la equidad (que no se puede confundir con caridad) hay que financiarla y solo hay un camino, vía gasto público. No obstante, el excesivo gasto per se es solo una parte del problema fiscal, se requiere también eficiencia y eficacia en el recaudo de impuestos, sencillez en la administración del sistema tributario, menos corrupción y más rendición de cuentas, y finalmente, no regalar impuestos, vía subvenciones y acuerdos de estabilidad tributara, por un lado y por el otro ampliar más los subsidios sin claridad sobre la bondad en cuanto a los retornos sociales.

Publicado el 26 de julio en el diario el Mundo de Medellin.